6 de octubre de 2007
Va de jueces
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Por otro lado, una usuaria del programa de intercambio de archivos Kazza ha sido condenada en Estados Unidos a 222.000 dólares por poner a disposición del resto de los usuarios de la red P2P un total de 24 canciones.
En el primer caso, un padre preocupado por los mensajes educativos que reciben sus hijos en el colegio exigió mediante una demanda judicial al Ministerio de Educación británico que retirara los DVD de la película de Gore que había remitido a 3.500 colegios de secundaria por considerar que por medio de ellos se intentaba lavar el cerebro de los jóvenes. Tras estimar la demanda, el juez, finalmente decidió que los escolares debían ser advertidos, antes de la proyección, que las afirmaciones que en el film se hacen son controvertidas, al estimar que en él “hay inexactitudes científicas, exageraciones y afirmaciones sobre el cambio climático que se apoyan en insuficientes evidencias científicas”.
Supongo que el juez estará sufriendo el acoso de los bienpensantes británicos ya que, en los tiempos que corren oponerse a la verdad institucional o al menos ponerla en duda es casi un delito de lesa humanidad. Pero de lo que no me cabe duda es que el nuevo catecismo va a seguir siendo la guía que marque la educación de los niños isleños y, en general, de los infantes de todo el mundo.
Una prueba es que el Ministro de Educación (Children’s Minister lo llaman allí) Kevin Brennan no ve ninguna objeción a mantener Una verdad inconveniente como material de referencia.
Ha dicho: “Hemos actualizado la guía que lo acompaña como exige el juez para dejar más claro a los profesores cuál es la posición del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático respecto a algunos de los puntos científicos planteados en la película”.
O sea, que lo que van a hacer es remitirse a otra de las autoridades incontestables para remachar la verdad absoluta que se pretende grabar a fuego y sangre en las mentes de los escolares. Alejemos de nuestros chavales cualquier atisbo de discrepancia, de debate, de discusión, ya que si seguimos discutiendo sobre si es verdad o no lo que comúnmente se acepta –a saber, que la raza humana está provocando el calentamiento global y que como consecuencia el Apocalipsis está llamando a nuestras puertas- no nos quedará tiempo para reaccionar. Es mejor aceptar lo peor y ponernos manos a la obra, aunque no sepamos bien cómo. Y si de paso eliminamos la capacidad de pensamiento crítico de las próximas generaciones, mejor que mejor.
En fin…
El otro caso tiene el valor de lo ejemplarizante. Una mujer se descarga música de Internet y deja que otros usuarios cojan lo que tiene en su ordenador y es condenada a pagar una multa casi de por vida.
En realidad la condena es por compartir música en Internet. Al parecer, la mujer disponía de unas 1.700 canciones en formato digital, pero el jurado sólo ha considerado punible que compartiese 24 temas en la Red. A razón de unos 6.500 euros por tema, hace un total de 156.000 euros de multa. Bestial.
Es evidente que el caso se ha utilizado para dar un ejemplo a los usuarios estadounidenses, ya que en aquel país no se considera legal la copia para uso privado, como es el caso en España (de momento) aunque le pese a la SGAE.
Jammie Thomas, de 30 años y madre de dos hijos, ha sido la primera persona en ser condenada por estos cargos en Estados Unidos y por ello se ha querido dar un escarmiento a los peligrosos delincuentes que pueblan Internet con el único objetivo de hacer daño a los sufridos directivos de las grandes compañías discográficas.
La multa ha sido de tal calibre (unos 26 millones de las viejas pesetas) y la economía de la mujer es tal que el juez ha permitido que pague la multa por medio de la retención mensual de una cuarta parte de su sueldo durante el tiempo que sea preciso.
Si esa multa se hubiera aplicado a uno de nuestros famosos “mileuristas”, eso significaría que tendría que estar pagando la multa durante los próximos 52 años a razón de 250 euros mensuales. Ríete tú de las hipotecas salvajes. Imagino que los sueldos medios en Estados Unidos están por encima de estas cifras, pero aún así está claro que la señora Thomas va a estar pagando esas 24 canciones una buena parte de lo que le queda de vida.
Con estos números no es de extrañar que los abogados de las discográficas digan que han querido “enviar un mensaje” a la población. Y que tiemblen sus compatriotas porque hay 26.000 personas más pendientes de juicio.
Como efecto colateral, las compañías discográficas Capitol, Sony BMG, Arista, Interscope, Warner y Universal, se embolsarán una importante cantidad si el resto de las demandas llegan a resoluciones parecidas. Es posible que este dinero les permita remendar sus maltrechas economías y vuelvan a ser pujantes empresas capaces de sacar al país de la crisis en que parece sumido tras el grave tropiezo de las llamadas “hipotecas basura”. Cambiaremos estas por las “hipotecas musicales” que además, se “concederán” a muchos usuarios lo quieran o no.
Por otro lado, aunque la noticia se ha vendido en España como un fuerte golpe a la piratería, lo cierto es que a nosotros nos afecta más bien poco. Que se sepa, el juez americano no ha desmantelado ninguna red de delincuentes españoles dedicados a la copia fraudulenta de música o películas, ni su resolución tiene aplicación en nuestro país.
La ley española es bastante clara en este aspecto. El artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que “no necesita autorización del autor la reproducción de obras ya divulgadas cuando sea para su uso privado y la copia obtenida no sea objeto de una utilización colectiva ni lucrativa”.
Está claro, ¿no? Pues a pesar de ello tenemos que seguir soportando los mensajes audiovisuales en películas y discos en los que se nos advierte que la copia es un delito. La “copia” así, sin más, no la utilización de una copia para ganar dinero, no. La copia simplemente. Y encima en los cines nos alientan a la delación de quienes se sientan a nuestro lado, no vaya a ser que les dé por sacar una foto a la pantalla o grabar el sonido del cine. Resulta que hacer una copia privada (legal) es inmoral, mientras que delatar a los conciudadanos (también legal) es moralmente loable.
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