14 de agosto de 2004
La gallina de los huevos de oro
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La voracidad de las asociaciones que protegen los derechos de los autores está llegando a límites intolerables. Y lo malo es que la sociedad y los políticos están permitiendo que unas prácticas abusivas y a todas luces puramente recaudatorias se consideren normales, mientras que a quienes copian o descargan una canción desde Internet se les aplican calificativos como el de piratas.
El cobro de un canon por el préstamo de libros es (o será o sería) consecuencia de una directiva europea de 1992 en la que se establecía el derecho de los autores a cobrar una cantidad por cada libro que se preste. Como parece poco menos que imposible controlar quien, en privado, presta libros a quién, la medida se orientaría a las instituciones, públicas o privadas, que hagan del préstamo de libros su razón de ser. O sea que se trata de gravar con un nuevo impuesto (una vez más gestionado por entidades privadas) a quienes tratan de fomentar la lectura.
No se entiende muy bien que las administraciones inviertan parte de sus presupuestos (por pequeñas que estas sean) en animar a la gente a leer, algo que nos hace mucha falta a todos y en especial a los jóvenes, mientras que por otra parte aprueben leyes que coartan la variedad de la oferta. Porque si las bibliotecas tienen que dedicar parte de sus presupuestos a pagar este nuevo canon, lo lógico es que detraigan estas cantidades de la compra de libros o del mantenimiento de sus fondos. Es decir, que si se acaba aprobando el canon, las bibliotecas tendrán menos libros a disposición del público o estos estarán en peores condiciones.
Curiosamente, los escritores, en teoría los receptores de estos ingresos adicionales, han manifestado su desacuerdo con esta posibilidad y han escrito y firmado un manifiesto en su contra. Y si los autores, que reconocen el valor de las bibliotecas como herramientas de difusión y conservación de sus obras, no están de acuerdo con la implantación de este nuevo impuesto, ¿quién lo está promoviendo?
Oficialmente es la Unión Europea quien ha dado un toque de atención al gobierno español que había dejado en suspenso la aplicación de la directiva a las bibliotecas públicas, pero mucho me temo que quien está realmente detrás de su aplicación será cierta entidad de gestión de los derechos de autor en combinación con otras, de forma que así se apuntale aún más la pretensión de que cualquier dispositivo capaz de reproducir, manipular, difundir o almacenar música se vena gravado con un impuesto privado que reporta pingües beneficios a unos pocos.
De todas formas, parece que esto de los derechos de autor, como tantas otras cosas está pasando de ser una compensación adecuada a un esfuerzo intelectual y artístico a un simple abuso por parte de algunos que han visto en ellos su particular gallina de los huevos de oro. Y ya sabemos que la ambición desmedida acaba por volverse contra quien la fomenta. Ejemplos los hay a montones.
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