3 de octubre de 2007

Agresiones al personal sanitario

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos estima que un 75% de los médicos ha sufrido algún tipo de violencia, y un 5% admite que ha sido física. Para intentar frenar esta situación los colegios de médicos del País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía han llegado a acuerdos con la fiscalía para que califique estas agresiones como atentado a funcionarios, lo que implica penas más graves.


Ilustración
Víctor Secades
Evidentemente sólo afectaría al personal sanitario de la sanidad pública, al considerar que un insulto o una amenaza, ni que decir una agresión física, a un médico que está trabajando en un centro público es un atentado a un funcionario, lo que supondría que esa actuación dejaría de ser calificada falta para ser delito. La diferencia está en que, en el primer caso la pena consistiría en una multa, mientras que en el segundo, podría conllevar privación de libertad y multa, además de la posibilidad de dictar órdenes de alejamiento.

En este sentido se ha dictado por primera vez en Madrid, un Juzgado ha condenado a seis meses de cárcel a un hombre que amenazó a su médico.

Según relata la Sentencia, el acusado se dirigió hasta un centro de salud exigiendo al facultativo en tono intimidatorio que le extendiera a su nombre varias recetas de ansiolíticos, negándose el colegiado por no estar justificada su prescripción. A petición del médico una dotación de la Policía Nacional se personó en el Centro y conminó al acusado a abandonar el recinto. Sin embargo, momentos después el acusado volvió a personarse en el Centro Médico, introduciéndose sorpresivamente en la consulta del mismo facultativo, a quien de forma extremadamente violenta amenazó pidiéndole las recetas al tiempo que extraía una navaja de 17,8 centímetros que comenzó a manipular en presencia del médico, el cual presa del pánico, procedió de forma inmediata a prescribir los medicamentos reclamados, abandonando el acusado el recinto una vez se hizo con las recetas médicas.

En la Sentencia se hace constar que el acusado padecía síndrome de abstinencia porque era consumidor habitual de ansiolíticos, por lo que se le condena a seis meses de prisión, internamiento para tratamiento médico en un establecimiento adaptado y una orden de alejamiento de dos años.






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